La Comisión reclama 180 millones de euros de gastos de la PAC a los Estados miembros

La Comisión Europea reclamará en virtud del llamado procedimiento de liquidación de cuentas, el reembolso de un total de 180 millones de euros de fondos correspondientes a la política agrícola de la UE gastados indebidamente por los Estados miembros. No obstante, dado que algunos de esos importes ya han sido reembolsados por los Estados miembros, la incidencia financiera de la decisión adoptada en el día de hoy será de aproximadamente 169 millones de euros. Esos fondos se reintegrarán en el presupuesto de la UE por haberse incumplido disposiciones de la UE o aplicado procedimientos inadecuados de control de los gastos agrícolas. Corresponde a los Estados miembros abonar y controlar los gastos realizados al amparo de la política agrícola común (PAC), y la Comisión debe cerciorarse de que los Estados miembros hayan hecho un uso correcto de los fondos.

Principales correcciones financieras

En virtud de esta última decisión, se reclamarán fondos a 15 Estados miembros: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Polonia, Eslovenia, Finlandia y el Reino Unido. Las principales correcciones son las siguientes:

•40,4 millones de euros reclamados al Reino Unido por deficiencias en el Sistema de Identificación de Parcelas/Sistema de Información Geográfica (SIP/SIG), en los controles sobre el terreno y en los pagos y sanciones en Escocia;

•39,2 millones de euros (incidencia financiera1: 30,4 millones de euros) reclamados a Polonia por deficiencias en el SIP-SIG, en los controles administrativos cruzados, en los pagos, en la aplicación de sanciones y en la recuperación retroactiva, así como por el retraso de los controles sobre el terreno;

•18,6 millones de euros (incidencia financiera2: 16,6 millones de euros) reclamados al Reino Unido por deficiencias en la asignación de derechos;

•11,5 millones de euros reclamados a Dinamarca por deficiencias en el SIP y en los controles sobre el terreno.

Contexto

Los Estados miembros son responsables de la gestión de la mayor parte de los pagos de la PAC, principalmente por medio de sus organismos pagadores. También les corresponde realizar los controles; por ejemplo, deben comprobar las declaraciones de los agricultores en relación con los pagos directos. La Comisión realiza más de cien auditorías al año a fin de comprobar que los controles de los Estados miembros y las respuestas a las deficiencias son suficientes, y está facultada para recuperar los atrasos si las auditorías demuestran que la gestión y el control de los Estados miembros son insuficientes para garantizar que los fondos de la UE se han gastado de forma adecuada.

Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 24 y 25 de julio de 2013, sobre el modelo de aplicación de la nueva PAC en España

La Conferencia Sectorial de Agricultura y de Desarrollo Rural ha acordado, en el marco del primer pilar:

1. Establecer un modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el territorio nacional.

2. Establecer que el Régimen de Pago Básico se aplique de acuerdo con el modelo de regionalización propuesto por el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, que parte de la distribución de los importes de esta nueva ayuda por comarcas agrarias, teniendo en cuenta los importes percibidos en las mismas, la tipología de los niveles de la intensidad de ayuda y considerando cuatro tipos de superficie en cada comarca: superficies de tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos.

La aplicación de este modelo de regionalización del Régimen de Pago Básico debe permitir minimizar los efectos de la convergencia interna de las ayudas, evitando las transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios.

Para el análisis de este modelo de aplicación y de sus efectos sobre los distintos territorios, se constituirá un grupo de alto nivel permanente, que comenzará sus trabajos la primera semana de septiembre y que deberá presentar sus conclusiones a la Conferencia Sectorial, para que ésta adopte los acuerdos pertinentes antes de final de año.

3. Que no deben realizarse trasvases de fondos entre los dos pilares de la PAC.

4. Que la ayuda a jóvenes agricultores se establecerá en el primer pilar hasta un máximo de un 2% del límite máximo nacional asignado a España. Asimismo, los requisitos para percibir este pago deben ser coherentes con los establecidos en el segundo pilar, si bien no será necesario ser beneficiario de la ayuda en el segundo pilar para recibir este complemento de pago.

5. Que las ayudas a las zonas con limitaciones naturales se concederán en el marco del segundo pilar. Un grupo técnico se encargará de ajustar el modelo de aplicación de los criterios de delimitación de dichas zonas.

6. Que se aplique un mecanismo de limitación cuantitativa de la superficie a la que se asignarán derechos en 2015. Un grupo técnico analizará qué mecanismo de limitación de las superficies es el más adecuado, bien limitar la superficie a la declarada en 2013, bien aplicar el porcentaje del 135 al 145% de la superficie ajustada a derechos en 2009.

7. Establecer un umbral mínimo de 300 € para poder recibir ayudas directas a partir de 2015, estableciendo un período transitorio para que los beneficiarios que estén por debajo de este umbral puedan adoptar fórmulas asociativas y mecanismos que les permitan agruparse y seguir accediendo a las ayudas.

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8. Que en aras de la simplificación, el régimen para pequeños agricultores se aplicará

automáticamente a todos los perceptores a los que les corresponda recibir menos de 1.250

€. El importe de los beneficiarios incluidos en este régimen no estará sometido al proceso

de convergencia interna.

9. En el caso de que los reglamentos establezcan que los Estados miembros puedan aplicar

un límite máximo para la percepción de las ayudas, el umbral se establecerá en 300.000 €.

A estos efectos, para el cálculo se podrán deducir los costes laborales del beneficiario y no

se tendrá en cuenta el importe de la ayuda procedente del pago verde. Igualmente, se

tendrán en cuenta las circunstancias específicas de la agricultura asociativa.

10.Que no se aplicará el pago adicional a las primeras hectáreas en 2015.

11.Los productores y superficies de viñedo, frutas y hortalizas que, hasta ahora, no venían

percibiendo ayudas de la PAC, no se incorporarán al nuevo modelo de ayudas, en

coherencia con el principio de no incorporar nuevas superficies que puedan conducir a la

reducción de los importes de ayuda, que vienen recibiendo hasta ahora los agricultores y

ganaderos.

12.En la primera asignación de derechos de pago básico, se aplicará un mecanismo que

permita asignar derechos sobre superficies de pastos únicamente a beneficiarios que son

ganaderos titulares de una explotación ganadera de alta en el Registro General de

Explotaciones Agrarias (REGA), en un año que se determine entre 2011 y 2013. Ello, en

coherencia con el año que se determine por el grupo técnico creado a tal efecto para la

limitación de la superficie.

13.Un grupo de trabajo de alto nivel analizará la aplicación de los requisitos ligados a la figura

de agricultor activo, incluida la ampliación de la lista negativa, y el umbral mínimo para la

verificación de estos requisitos. Asimismo, este grupo de trabajo analizará los requisitos

que se exijan en relación con la actividad agraria sobre las superficies con derecho a

ayuda.

14.En relación con los pagos acoplados, un grupo de alto nivel –en coordinación con el grupo

establecido en el punto 2– analizará las especificidades y problemática de cada sector, con

el objeto de establecer los sectores prioritarios en la concesión de estas ayudas y estudiar

las distorsiones que se pudieran producir. A este respecto, la Conferencia Sectorial

considera que deberá utilizarse el porcentaje máximo del 15%, y que los sectores

ganaderos, en particular, deberán tener una consideración prioritaria dentro de estos

pagos.

15.El importe de 142,7 M€, que el programa de apoyo al sector vitivinícola destinó al régimen

de pago único, se incorporará de forma definitiva al régimen de pagos directos.

16.Que se impulsará la aprobación de la normativa nacional relativa al reconocimiento de

organizaciones de productores, en todos los sectores agrarios, a los agricultores y

productores que se agrupen y cumplan con los requisitos que se establezcan, respetando

el marco competencial establecido en el bloque de constitucionalidad.

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Asimismo, en el marco del segundo pilar, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado:

17.La existencia de un programa nacional, en coexistencia con los Programas de Desarrollo Rural autonómicos, al que se destinará como máximo el montante "extra" de fondos del periodo 2014-2020 respecto de los fondos del periodo 2007-2013, es decir, 238 M€.

18.Constituir un grupo de trabajo de alto nivel que estudiará las medidas que se incorporarán al programa nacional y la compatibilidad de la inclusión de las mismas en los programas autonómicos. Entre dichas medidas, se considerará la posible inclusión en el programa nacional de las cuestiones relativas a la integración cooperativa y a la Asociación Europea para la Innovación, su funcionamiento, selección de grupos operativos y establecimiento de redes.

19.Incorporar la Red Rural Nacional en el programa nacional.

20.Establecer un marco nacional acordado con las CCAA para armonizar las condiciones de aplicación de determinadas medidas de DR. Para definir el contenido de este marco nacional, se acordó la constitución de un grupo de trabajo.

21.Establecer mecanismos que flexibilicen la transferencia de fondos entre programas nacionales y autonómicos con el objetivo de evitar la pérdida de fondos comunitarios, dentro de lo que fijen los reglamentos comunitarios.

22.Crear un grupo de trabajo de alto nivel para analizar los criterios de reparto utilizados por la Comisión para distribuir fondos entre Estados miembros y su posible aplicación a la asignación de los fondos disponibles entre las CC.AA. Este mismo grupo valorará la posible inclusión de otros criterios objetivos adicionales y podrá ponderar, entre otros aspectos, el grado de ejecución de los programas en el presente periodo. La primera reunión está prevista el día 4 de septiembre y deberá concluir sus trabajos antes del 30 de septiembre

Madrid, 25 de julio de 2013

Bruselas, 26 de junio de 2013

Acuerdo político sobre una nueva orientación de la política agrícola común

El Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros de la UE y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo sobre una reforma de la política agrícola común (PAC) después de 2013. Dacian Cioloş, Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural ha señalado: «Me congratulo de este acuerdo que da una nueva orientación a la política agrícola común y que tiene mejor en cuenta las expectativas de la sociedad expresadas con ocasión del debate público de primavera de 2010. El acuerdo producirá cambios profundos: hará los pagos directos más equitativos y más ecológicos, reforzará la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y aumentará la eficacia y la transparencia de la PAC. Estas decisiones constituyen una respuesta decidida de la UE para hacer frente a los desafíos que representan la seguridad alimentaria, el cambio climático, el crecimiento y el empleo en las zonas rurales. La PAC va a contribuir enérgicamente al objetivo global de promover un crecimiento sostenible, inteligente e integrador».

Una PAC más equitativa

Con el fin de las «referencias históricas», los pagos directos se distribuirán de manera más equitativa entre los Estados miembros, entre las regiones y entre los agricultores:

1. Convergencia: el reparto del presupuesto de la PAC garantizará que ningún Estado miembro reciba menos del 75 % de la media comunitaria de aquí a 2019¹. Se reducirán las diferencias de los niveles de ayuda entre explotaciones de un mismo Estado miembro o de una misma región, ya que la ayuda por hectárea no podrá ser inferior al 60 % de la media de las ayudas abonadas de aquí a 2019 en una misma zona administrativa o agronómica. Los Estados miembros podrán conceder ayudas más elevadas a las «primeras hectáreas» de una explotación, con el fin de reforzar el apoyo a las estructuras pequeñas y medianas. Para los nuevos Estados miembros, podrá ser prorrogado hasta 2020 el pago único por hectárea (mecanismo RPUS).

2. Únicamente podrán beneficiarse de una ayuda a la renta los agricultores activos. (lista de actividades excluidas).

3. Jóvenes agricultores: se promoverá intensamente la instalación de los jóvenes con el establecimiento de una ayuda adicional del 25 % durante los cinco primeros años que se aplicará en todos los Estados miembros. Estas ayudas se añadirán a las medidas de inversión en favor de los jóvenes ya disponibles.

4. Los Estados miembros podrán igualmente destinar mayores ayudas a las zonas desfavorecidas. Podrán asignarse pagos asociados a un número limitado de producciones, con una asociación específica del 2 % para las proteínas vegetales, con el fin de reducir la dependencia de la UE de las importaciones en este ámbito.

Una PAC que refuerza la posición de los agricultores en la cadena alimentaria

La orientación al mercado de la agricultura europea irá acompañada de nuevos medios asignados a los agricultores a fin de reforzar su posición en la cadena alimentaria:

1. Se promoverán las organizaciones profesionales e interprofesionales con normas específicas en determinados sectores en materia de derecho de la competencia (leche, carne de vacuno, aceite de oliva o cereales). Estas podrán negociar contratos de venta en nombre de sus miembros y obtener así ganancias de eficacia.

2. Se suprimirán las cuotas de azúcar en 2017, al tiempo que se refuerza la organización del sector sobre la base de contratos y acuerdos interprofesionales obligatorios.

3. El régimen de derechos de plantación en el sector vitivinícola se sustituirá, a partir de 2016, por un mecanismo dinámico de gestión de las autorizaciones de plantación que implique en mayor medida a los profesionales, aplicable hasta 2030, con un límite de plantación fijado en el 1 % del viñedo anualmente.

4. Además, se establecerán nuevos mecanismos de gestión de crisis:

5. La Comisión podrá autorizar temporalmente a los productores a gestionar las cantidades comercializadas.

6. Creación de una reserva de crisis (acompañada de una cláusula de emergencia generalizada).

7. En el marco de los programas de desarrollo rural, los Estados miembros podrán alentar a los agricultores a participar en mecanismos de prevención de riesgos (seguros de renta o mutualidades) y elaborar subprogramas para sectores confrontados a dificultades específicas.

Una PAC más ecológica

Cada Estado miembro, cada territorio y cada agricultor va a contribuir al desafío de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático mediante la aplicación de medidas sencillas y con efectos positivos demostrados. Entre 2014 y 2020, se invertirán más de 100 000 millones de euros para ayudar a la agricultura a hacer frente a los desafíos que representan la calidad de los suelos, el agua, la biodiversidad y el cambio climático, mediante los siguientes instrumentos:

1. «Ecologización» el 30 % de los pagos directos estará vinculado al cumplimiento de tres prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente: diversificación de los cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y conservación del 5% y posteriormente del 7% de zonas de interés ecológico a partir de 2018; o de medidas al menos equivalentes en términos de beneficios para el medio ambiente.

2. Al menos el 30% del presupuesto de los programas de desarrollo rural deberá destinarse a medidas agroambientales, a la ayuda a la agricultura ecológica o a proyectos vinculados con inversiones o medidas de innovación favorables al medio ambiente.

3. Se reforzarán las medidas agroambientales, que deberán ser complementarias de las prácticas apoyadas en el marco de la ecologización. Estos programas deberán ser más ambiciosos y, por tanto, más eficaces en términos de protección del medio ambiente (garantía de que no haya doble financiación).

Una PAC más eficaz y más transparente

Los instrumentos de la PAC permitirán a cada Estado miembro de la UE cumplir los objetivos comunes, de manera eficaz y flexible, para tener en cuenta la diversidad de los actuales 27 y próximamente 28 Estados miembros:

1. Se duplicarán los medios destinados a apoyar la investigación, la innovación y el intercambio de conocimientos.

2. Se mejorará la coordinación de los programas de desarrollo rural con los demás fondos europeos y se sustituirá el enfoque basado en ejes por un enfoque estratégico nacional o regional más flexible.

3. Se pondrá a disposición de los Estados miembros que lo deseen un esquema simplificado de ayudas a los pequeños agricultores.

4. Se harán públicas todas las ayudas de la PAC, excepto en el caso de importes muy pequeños concedidos a pequeños agricultores.

Todos los elementos de la reforma serán aplicables a partir del 1 de enero de 2014, con excepción de la nueva estructura de los pagos directos (pagos «ecológicos», ayudas adicionales a los jóvenes, etc.) que lo será a partir de 2015 a fin de dar tiempo a los Estados miembros para que informen a los agricultores acerca de la nueva PAC y adapten los sistemas informáticos de gestión de la PAC.

Los pasos finales para la Política Agrícola Común (PAC)

¿Por qué, después de la votación del Parlamento Europeo y del Consejo el pasado mes los Ministros de la UE de agricultura, no han aplicado la reforma de la PAC?

El nuevo procedimiento ordinario en el marco del Tratado de Lisboa (ex "codecisión", procedimiento) se aplica por primera vez para una reforma de la PAC. Por eso, después de la votación en el Parlamento Europeo (13 de marzo) y el acuerdo entre los Ministros de Agricultura de la UE (19 de marzo) - ultimar sus respectivos mandatos de negociación - la fase final de las negociaciones sobre la reforma de la PAC comienza hoy (11 de abril), con dos diálogos tripartitos que reunió a representantes de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo a negociar sobre la propuesta de pago directo y la SCMO.

¿Qué es un diálogo a tres bandas?

El propósito de los diálogos a tres bandas es facilitar la adopción de la propuesta legislativa a través de estas discusiones políticas restringidas, durante el cual el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea negociar. La Comisión tiene un papel importante en estas reuniones. Se estará vigilante para salvaguardar la coherencia de las propuestas al actuar como facilitador de los colegisladores con el fin de lograr un acuerdo equilibrado y ambicioso.

¿Cuando se prevé un acuerdo?

En total, alrededor de 30 reuniones tripartitas debería tener lugar en Bruselas o en Estrasburgo en las 4 normas presentadas por la Comisión Europea en octubre de 2011 (los pagos directos, desarrollo rural, la organización del mercado y los aspectos horizontales), con el fin de llegar a un acuerdo político en el marco del Presidencia irlandesa, antes de finales de junio de 2013.

¿Quién participa en los diálogos a tres bandas?

Durante los diálogos a tres bandas sobre la reforma de la PAC, el Consejo estará representado por el Comité Especial de Agricultura (CEA) Silla de la correspondiente Presidencia del Consejo y su equipo. El equipo negociador del PE debe ser integrada por el presidente del comité agrícola (COMAGRI), el Relator y sus ponentes alternativos. La Comisión estará representada por el Director General o el correspondiente Director General Adjunto y su equipo.

¿Qué significa en términos legales para el proceso de reforma de la PAC?

El paquete de reformas de la PAC legislativo se encuentra todavía en la primera lectura, es decir, el Parlamento Europeo y el Consejo aún no ha adoptado formalmente su posición sobre la propuesta de la Comisión. Esto permite a los colegisladores a encontrar compromisos sobre la reforma de la PAC de manera oportuna durante estas reuniones a tres bandas. Una vez que estos compromisos se encuentran, el Parlamento Europeo y el Consejo estaría en condiciones de adoptarlas. Por lo tanto los textos legislativos se aprueben en primera lectura de los colegisladores.

¿Cuáles son las cuestiones pendientes de debate en las próximas semanas?

Los principales conceptos de las propuestas de reforma, como el 30% de ecologización de los pagos directos, una distribución más justa de la ayuda de la PAC entre los Estados miembros, así como entre regiones, sectores y agricultores, varios aspectos relacionados con la mejora de la política de desarrollo rural y mecanismos de mercado más eficaces son ampliamente apoyada por el Consejo y el Parlamento Europeo. Sin embargo, una importante obra todavía hay que hacer sobre las cuestiones pendientes, tales como:

Convergencia interna es el nivel del reequilibrio de los pagos directos a los agricultores dentro de los estados miembros. La Comisión Europea apoya firmemente la idea de establecer un mínimo absoluto para la convergencia interna para aumentar el nivel de los pagos a los agricultores que tenían por lo que apoyaron durante los últimos años. La convergencia de los pagos directos no debe seguir siendo un concepto, pero debe convertirse en una realidad tangible y ambiciosa para el 2019. Este es un elemento clave para más justos y mejores pagos orientados directos entre los agricultores que apoyen la seguridad alimentaria y la provisión de bienes públicos.

Instrumentos eficientes verdes. Este cambio en la PAC es necesario tanto para el buen manejo de los recursos naturales y para la competitividad a largo plazo de los agricultores. La Comisión Europea estará vigilante para asegurar que las medidas de ambientalización simples y eficientes se llevarán a cabo en toda Europa, de forma obligatoria, lo que significa, por ejemplo, un régimen real de sanción en caso de incumplimiento.

Herramientas adicionales para orientar mejor la ayuda: Medidas de jóvenes agricultores, el esquema de los pequeños agricultores y las zonas menos favorecidas. La UE tiene que estar bien equipados para mantener y renovar el sector de la agricultura en toda Europa y apoyar a los jóvenes que empiezan las actividades agrícolas. Estas herramientas pueden contribuir a la consecución de estos objetivos políticos. Es por eso que, por ejemplo, la Comisión Europea seguirá defendiendo su propuesta de un alto obligatorio del 25% del apoyo a los pagos directos a los agricultores jóvenes durante los primeros 5 años.

Aumentar la transparencia. Alentar a las organizaciones de productores, asociaciones interprofesionales y las cadenas de suministro para mejorar la competitividad de estos sectores y proporcionar un valor añadido para los agricultores con el abandono de ciertos viejos mecanismos como las cuotas de azúcar que no se adapten a los nuevos retos económicos y la creación de medidas excepcionales de crisis más efectivas .

Limitación y reducción progresiva, la limitación de la Renta Básica de Apoyo para los más grandes, explotaciones más competitivas. La Comisión quiere una forma de disminución de aplicar a las retribuciones básicas (pero no el pago greening) superiores a 150000 euros, con un tope de 300000 euros (teniendo en cuenta los costes laborales) - y que esto sea obligatorio en todos los Estados miembros. Los fondos generados se trasladaría a los proyectos de desarrollo rural en las mismas regiones / Estados miembros. Estos dos instrumentos son importantes para la focalización del gasto público de una manera más eficiente.

Declaración del Comisario Ciolos sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020

Líderes de la UE han reiterado su confianza en una modernizada Política Agrícola Común (PAC), y reconoció la importante contribución de la agricultura y las zonas rurales a la economía de la UE.

De ser confirmado por el Parlamento Europeo, este acuerdo abre el camino a la fase final de las negociaciones de reforma de la PAC.

Por nuestra ambición de pasar a una PAC más justa y más verde, el desafío comienza ahora - tenemos que pasar de las propuestas a las decisiones.

Las propuestas de la Comisión han permitido justificar un presupuesto importante, proporcionando una mejor relación calidad-precio. La próxima reforma de la PAC debe ahora cumplir con las expectativas en la prestación de una asociación más clara entre los agricultores y los ciudadanos de la UE. Ese es el reto para las negociaciones futuras.

Cuatro puntos principales serán de una importancia particular:

• una mejor focalización más justa de los pagos directos;

• un reverdecimiento creíble que ofrece auténticas ventajas medioambientales,

• un fuerte apoyo al empleo, en particular para las jóvenes generaciones;

• y acciones sólidas para fortalecer las áreas rurales y las organizaciones de agricultores.

Sin embargo, la PAC ha sido parte del esfuerzo global para reducir el gasto público. Lamento, en particular, los recortes en el presupuesto de desarrollo rural que supondrá una inversión menor y, por tanto, menos crecimiento. Habrá que tomar en cuenta este elemento al definir aún mejor dirigida y más eficientes estrategias rurales de desarrollo. En general, lamento la enorme presión que enfrentan todas las líneas del presupuesto de la UE, especialmente la investigación y "Conectando Europa".

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

 

El objetivo es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio del sector y los consumidores

Se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria

Se crea el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, industria y distribución

Se establece la obligación de formalizar por escrito los contratos dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio

Se incluye un control administrativo tipificando las infracciones y sanciones y corresponde a la Administración General del Estado o a las CCAA ejercer la potestad sancionadora

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo objetivo es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. Todo ello, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio del sector y los consumidores.

Para el cumplimiento de ese objetivo, el proyecto se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria. En la primera parte, la regulación, se contemplan dos elementos fundamentales: los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas, que son de obligado cumplimiento para las relaciones comerciales de todos los operadores, desde la producción hasta la distribución.

CONTRATOS ALIMENTARIOS

En relación con los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena alimentaria, y para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, la novedad más significativa es la obligación de formalizarlos por escrito en determinadas casos, dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio.

Esta obligación afectaa las relacionescomerciales delos operadoresque realicen transacciones comerciales, continuadas o periódicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros.No obstante, cuando el pago se realice al contado, no será necesario suscribir un contrato, teniendo las partes la obligación de identificarse como operadores y documentar dichas relaciones comerciales mediante la correspondiente factura.

Por último, se regulan las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos que los operadores deben mantener durante un período de dos años.

PRÁCTICAS COMERCIALES

El Proyecto de Leyprohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo de las partes. Respecto a los pagos comerciales, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos y bajo condiciones restrictivas.

En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Además, la información obtenida sólo podrá destinarse a los fines para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.

Sobre gestión de marcas, se establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal.

Finalmente,se prohíbe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena, así como las que constituyan publicidad ilícita o desleal mediante la utilización, ya sea en los envases, en la presentación o en la publicidad del producto o servicio de cualesquiera elementos distintivos que provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador o con marcas o nombres comerciales de otro operador.

AUTORREGULACIÓN. CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

La autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o la distribución, cuya adhesión es voluntaria por parte de los operadores de la cadena.

El Ministerio de Economía y Competitividad y las Comunidades Autónomas, participarán, también, en el acuerdo con el fin de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio español.

A estos efectos, se ha previsto crear un Registro Estatal, como instrumento público que agruparía a todos aquellos operadores de la cadena alimentaria que se adscriban al Código citado anteriormente. Los operadores adheridos tendrán la obligación de someter la resolución de sus conflictos al sistema de resolución de conflictos que se designe en el Código de Buenas Prácticas.

No obstante, el Proyecto de Ley prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsados por los propios operadores de la cadena,con mayor nivel de exigencia para los operadores que lo suscriban, que el Código promovido por las administraciones y el sector.

OBSERVATORIO DE LA CADENA ALIMENTARIA

El Proyecto de Ley crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que además de realizar las funciones que ya tenía el Observatorio de Precios, asume otras nuevas como informar de la propuesta de Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria regulado en el Anteproyecto, así como de las de otros códigos de buenas prácticas mercantiles.

También llevará a cabo el seguimiento y evaluación de las prácticas comerciales de los operadores de la cadena y dará traslado a la autoridad competente, si detectase incumplimientos de lo establecido en la ley. También, entre sus funciones, está la de fomentar sistemas ágiles en la resolución de conflictos en la negociación de los contratos relacionados con la primera compra de productos perecederos.

RÉGIMEN DE CONTROL

El texto establece un control administrativo tipificando las infracciones y sanciones. Corresponde a la Administración General del Estado ejercer la potestad sancionadora cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales principales en diferentes Comunidades Autónomas, o el contrato afecte a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma. Corresponderá a las Comunidades Autónomas ejercer la potestad sancionadora en los restantes supuestos.

Agencia de Información y Control Alimentarios

Asimismo se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, como modificación del organismo autónomo Agencia para el Aceite de Oliva, asumiendo además de las funciones que venía ejerciendo, otras nuevas relacionadas con el control del cumplimiento de lo establecido en el Anteproyecto de Ley.

Entre las nuevas funciones, cabe destacar que, la Agencia establecerá y desarrollará el régimen de control para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley; comprobará las denuncias que les sean presentadas por incumplimiento de lo dispuesto en la ley e instruirá el procedimiento sancionador para formular la propuesta de resolución que proceda a la autoridad competente del MAGRAMA, o trasladarlas a la CNC.

RESUMEN DE MEJORAS DEL PROYECTO

· Creación de la Agencia de Información y control alimentarios.

· Ampliación del ámbito de aplicación: se extiende a animales vivos, piensos y materias primas para alimentación animal; y, por otra parte, a los tres supuestos de aplicación del capítulo de contratos alimentarios. Para las operaciones al contado no es necesario contrato escrito.

· Infracciones en materia de contratación alimentaria: en las infracciones por no formalizar por escrito los contratos, se presume, salvo prueba en contrario, que los autores de las infracciones es la parte más fuerte.

· Se introduce como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos.

· Colaboración entre Administraciones Públicas: se introducen mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas para garantizar la Unidad de Mercado.

· Otras materias que se regulan: modificaciones a las siguientes leyes, Ley 38/1994, de 30 de diciembre, Reguladora de las Organizaciones interprofesionales agroalimentaria y Ley 2/2000, de 7 de enero, Reguladora de los contratos-tipo de productos agroalimentarios.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario

 

Crea la figura "Entidad Asociativa Prioritaria" de ámbito supraautonómico, articula un Plan Estatal de Integración Cooperativa para aunar esfuerzos y evitar la dispersión de la oferta

El texto impulsa un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, que contribuya a la sostenibilidad del sector agroalimentario

El sector cooperativo español, que se caracteriza por su atomización, no presenta ninguna cooperativa entre las veinticinco más grandes de la UE

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Proyecto de Leyde fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Su objetivo es mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades, para impulsar entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico, con capacidad, dimensión y estructura empresarial que incremente su eficiencia y rentabilidad.

El impulso y fomento de la integración cooperativa constituye un eje prioritario de actuación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para favorecer su competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización. De esta manera se pretende corregirlos problemas del sector cooperativo español, que secaracteriza por su atomización, con cerca de 4.000 cooperativas y más de 1.000.000 de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y dando empleo directo a 100.000 trabajadores. En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.

La cadena agroalimentaria española presenta una asimetría que debe ser corregida mediante la puesta en marcha de políticas e instrumentos legislativos que mejoren la estructura comercializadora.

Para ello el presente proyecto de Ley persigue entre sus fines:

-Fomentar la integración de los productoresen sociedades cooperativas agroalimentarias, en organizaciones de productores, en sociedades agrarias de transformación u otras entidades en el ámbito agroalimentario.

-Favorecer la agrupación de los primeros eslabones que conforman la cadena alimentaria,mediante la integración de las entidades asociativas, o su ampliación con el objeto de favorecer su redimensionamiento, mejorar su competitividad y contribuir a la puesta en valor de sus producciones.

-Mejorar la capacitación y formaciónde los responsables de la gestión de dichas entidades.

-Contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios integrados en las entidades asociativas.

Para lograr estos fines y objetivos, el Proyecto de Ley presenta los siguientes instrumentos:

- La creación de la figura "Entidad Asociativa Prioritaria"de ámbito supraautonómico con suficiente capacidad y dimensión, para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de dichas entidades.

- La articulación de unPlan Estatal de Integración Cooperativa, con objeto de coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las Comunidades Autónomas, en colaboración con el sector, con el fin de aunar esfuerzos y eliminar las medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta.

- Las Modificaciones en la Ley 27/1999 de Cooperativas; y en la Ley 20/1990, sobre régimen fiscal de las Cooperativas, dirigidas a contribuir y facilitar el desarrollo del sector cooperativo en España, mediante la ampliación de sus fines y actividades, lo que supone una revisión de su regulación básica, tanto de índole sustantivo como fiscal.

Estas modificaciones harán posible un mejor desarrollo de sus posibilidades de generación de empleo, para lo cual la normativa legal debe ofrecerles la posibilidad de hacerse cargo de actuaciones y servicios que repercutan en beneficio del territorio rural y de su población, a la vez que les permita ampliar su desarrollo empresarial a efectos de alcanzar una mayor dimensión.

Con el presente Proyecto de Ley se pretende lograr un impacto positivo en:

- Favorecer la integración cooperativa y la mejora de la estructuración de la oferta.

- Impulsar la creación de grupos cooperativos, mediante su redimensión y profesionalización.

- Favorecer la operatividad y competitividad de las empresas agroalimentarias.

- Impulsar la participación de los productores primarios en el valor añadido de la cadena alimentaria.

- La mejora de la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena.

- Favorecer un reparto equitativo y reequilibriodel valor añadido en la cadena alimentaria.

- Mejorar nuestra posición frente a competidores y aprovechar de forma más eficiente los mercados emergentes.

- El fortalecimiento de la competencia y la competitividad de los operadores agrarios y alimentarios.

- Contribuir a la sostenibilidad de la actividad agraria y su capacidad de generar empleo en el medio rural

En definitiva, con el actual proyecto de ley se impulsa un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural.

 

 

RENOVACION AYUDAS ECOLOGICAS

Tras el anuncio de la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, de la presentación de una solicitud para que la Unión Europea amplíe un año el plazo de ayudas a la producción ecológica, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha quiere mostrar su satisfacción y apoyo ante esta noticia, ya que supone una respuesta favorable a las repetidas demandas que, desde el pasado mes de julio, la organización cooperativa ha venido haciendo a la Consejería de Agricultura.

Según ha manifestado la consejera de Agricultura, Castilla-La Mancha ha solicitado a la UE una ampliación de un año el plazo de ayudas a la producción ecológica, que en la actualidad se conceden para cinco años, de forma que los productores que comenzaron la actividad en la campaña 2008 y hayan concluido su período no dejen de recibir ayudas en 2013 por dicho concepto.

El portavoz de Agricultura Ecológica de Cooperativas Agro-alimentarias, José Morata, se ha mostrado muy satisfecho por esta decisión, “hemos estado trabajando desde el pasado mes de julio, poniendo de manifiesto la necesidad de prórrogas a las ayudas a la producción ecológica, cuyos compromisos quinquenales finalizaban en 2012, para sensibilizar a la Consejería de Agricultura de la necesidad de prorrogar estas ayudas al menos durante un sexto año y evitar así las negativas consecuencias para productores e industrias”.

“Valoramos y agradecemos la actitud dialogante, tanto del director general Miguel Cervantes, como de la Consejera, que han entendido nuestras demandas como totalmente necesarias para el sector ecológico, que tiene un gran potencial de futuro en el mercado internacional”, continúa Morata.

Fondos extra de 16,6 millones de euros

Según las declaraciones de la titular de la Consejería de Agricultura, se espera que antes de que finalice el mes de marzo se tenga la respuesta favorable de Bruselas sobre la prórroga de un sexto año para los compromisos de producción ecológica que finalizaban en 2012, y por lo tanto puedan solicitar la ayuda en la PAC de 2013. Esta prórroga supone habilitar unos fondos extra de 16,6 millones de euros -cofinanciados por la UE, el Ministerio y la Junta de Comunidades-, que se sumarían a los 64 millones iniciales previstos para 2013 para la agricultura y ganadería ecológicas de Castilla-La Mancha.

Los 16,6 millones beneficiarían a 1.921 productores, de los que 1.611 son de agricultura ecológica, 190 de apicultura, 61 de razas autóctonas en peligro de extinción y 59 de ganadería ecológica.

El viernes pasado se publicó en el BOE la Orden HAP/2549/2012 que recoge la rebaja del módulo del olivar en el IRPF, desde la presente campaña y con carácter estructural. Hasta ahora, el módulo del olivar estaba en el 0,32 y que a partir de ahora se situará en el 0,26.

Esta reducción se aplicará para el aceite y la aceituna del presente ejercicio de 2012, cuyas declaraciones de IRPF los agricultores formalizarán a partir de mayo-junio de 2013, y supondrá que el beneficio a declarar se reducirá en aproximadamente cien euros por hectárea.

La Orden publicada también incluye (en su disposición adicional segunda) reducciones de los módulos de otras producciones para el año 2013, como son la uva de mesa –del 0,42 al 0,32-, las flores y plantas –del 0,37 al 0,32- y el tabaco –del 0,37 al 0,26-.

Además, la Orden establece que los agricultores y ganaderos que determinen el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva, podrán reducir el rendimiento neto de módulos obtenido en 2013 en un 5%

Por otro lado, la Orden fija, para determinadas actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales, los porcentajes aplicables en 2013 para el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes en el régimen simplificado del IVA. En el caso de los servicios de cría, guarda y engorde de aves sería 0,06625 y en la actividad de apicultura, el 0,070.